La intensificación de los fenómenos meteorológicos en Centroamérica, agravada por el cambio climático, ha incrementado de forma sostenida la migración intrarregional y hacia América del Norte. Este artículo analiza la migración climática desde el marco de la seguridad humana, evaluando sus impactos sobre los siete pilares identificados por Naciones Unidas: seguridad económica, alimentaria, de salud, ambiental, personal, comunitaria y política.
La región centroamericana es altamente vulnerable al cambio climático debido a su geografía, a la concentración de población en zonas costeras y rurales, y a la dependencia estructural de la agricultura de subsistencia. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Centroamérica registra un aumento de temperatura promedio de 0,8 °C desde 1950 y se proyecta un incremento de hasta 2,5 °C para 2050, lo que intensificará sequías e inundaciones. Estos fenómenos inciden directamente en la seguridad alimentaria: el Corredor Seco, que atraviesa Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, sufre pérdidas recurrentes de cosechas de maíz y frijol, base de la dieta regional. La FAO estima que más de 8 millones de personas en esta zona están en situación de inseguridad alimentaria crónica.
La inseguridad ambiental se traduce en degradación del suelo, escasez de agua y erosión costera. La intensificación de huracanes es un factor adicional: en 2020, los huracanes Eta e Iota afectaron a más de 7 millones de personas en Centroamérica, con pérdidas económicas equivalentes al 10 % del PIB en países como Honduras y Nicaragua. El Banco Mundial proyecta que, de mantenerse estas tendencias, hasta 4 millones de centroamericanos podrían verse forzados a desplazarse internamente por razones climáticas para 2050, con un número creciente migrando hacia México y Estados Unidos.
La migración climática impacta también en la seguridad económica. La Organización Internacional del Trabajo estima que un 30 % de la población activa en Honduras y Guatemala depende directamente de la agricultura. La pérdida de cosechas genera desempleo, caída de ingresos y un aumento de la economía informal. Para las familias rurales, la migración se convierte en una estrategia de supervivencia frente a la inseguridad estructural de sus medios de vida.
En términos de seguridad en la salud, los fenómenos climáticos extremos incrementan la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores como dengue, chikungunya o zika, debido a la proliferación de mosquitos tras inundaciones. Además, las sequías prolongadas reducen el acceso a agua potable, lo que aumenta los brotes de enfermedades diarreicas. El desplazamiento forzado agrava estas vulnerabilidades al interrumpir tratamientos médicos y saturar servicios de salud en comunidades receptoras.
La dimensión personal y comunitaria también se ve comprometida. Los desplazamientos masivos, especialmente cuando cruzan fronteras, exponen a las personas migrantes a riesgos de trata, violencia sexual, extorsión y homicidios. En la ruta hacia el norte, el cruce por territorios controlados por grupos criminales aumenta la inseguridad personal. En el plano comunitario, la salida de población joven y económicamente activa erosiona las redes sociales locales y debilita la resiliencia colectiva frente a futuras crisis climáticas.
En la esfera política, la migración climática desafía la capacidad de los Estados para garantizar derechos básicos. La ausencia de marcos jurídicos internacionales vinculantes sobre refugiados climáticos deja a estas poblaciones sin reconocimiento legal ni protección específica. A nivel regional, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) ha promovido iniciativas de adaptación, pero los esfuerzos de gobernanza suelen ser insuficientes frente a la magnitud del problema y la limitada capacidad institucional de los Estados.
Desde la perspectiva de la seguridad humana, la migración climática en Centroamérica no debe entenderse únicamente como una amenaza, sino como un indicador de la incapacidad estructural para garantizar derechos frente a la crisis climática. La respuesta exige políticas que combinen adaptación al cambio climático con protección social y jurídica para las personas desplazadas. Entre las medidas prioritarias destacan:
- Adaptación agrícola: inversiones en sistemas de riego, variedades de cultivos resistentes a sequía e infraestructura comunitaria para almacenamiento de agua.
- Protección social: redes de seguridad que reduzcan la necesidad de migrar forzadamente, incluyendo subsidios agrícolas y transferencias condicionadas.
- Salud pública: fortalecimiento de sistemas de vigilancia epidemiológica y acceso a agua potable en comunidades vulnerables.
- Protección jurídica: reconocimiento progresivo de los desplazados climáticos en marcos nacionales e internacionales, ampliando la definición de “refugiado” en contextos humanitarios.
- Cooperación regional: planes coordinados dentro de SICA y con países receptores (México, EE. UU.) para gestionar flujos migratorios de forma digna y ordenada.
En conclusión, la migración climática en Centroamérica representa una expresión paradigmática de la inseguridad humana: múltiples dimensiones amenazadas simultáneamente, con un impacto que trasciende fronteras. Abordar este fenómeno requiere superar el paradigma de seguridad nacional centrado en el control fronterizo y adoptar un enfoque integral basado en los siete pilares de la seguridad humana. De lo contrario, la región seguirá atrapada en un ciclo donde cada huracán, cada sequía y cada crisis agrícola se traduce en nuevos desplazamientos, erosionando la cohesión social y debilitando la gobernanza democrática.