Haití atraviesa una crisis prolongada que ha derivado en un colapso institucional sin precedentes en el hemisferio occidental. El deterioro del Estado, incapaz de garantizar seguridad básica ni servicios esenciales, ha transformado la inseguridad política en una amenaza cotidiana que compromete todos los demás pilares de la seguridad humana.
Haití es, desde hace más de una década, un caso paradigmático de inseguridad política. La erosión progresiva de las instituciones, la incapacidad de organizar elecciones regulares y transparentes, y el vacío de poder tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 han generado un escenario en el que la población carece de un Estado legítimo y funcional. Esta situación se traduce en violencia generalizada, corrupción sistémica y pérdida de confianza en la capacidad del gobierno de proteger a sus ciudadanos.
El pilar de la seguridad política, definido en el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD (1994) como la protección frente a represión, ausencia de derechos y ausencia de representación política, está completamente vulnerado en Haití. La ausencia de instituciones estables significa que los derechos civiles y políticos carecen de garantías efectivas. La inseguridad política se convierte así en inseguridad personal, comunitaria, económica y de salud.
Uno de los aspectos más graves es la expansión de las bandas armadas. Se estima que, en la actualidad, más del 70 % del área metropolitana de Puerto Príncipe está bajo control de grupos criminales. Estos actores sustituyen al Estado en funciones básicas: establecen “fronteras” urbanas, cobran extorsiones y regulan la movilidad de las personas. El resultado es una restricción extrema de la seguridad personal y comunitaria: secuestros, asesinatos y violencia sexual son frecuentes, afectando de manera particular a mujeres y jóvenes.
La inseguridad política también debilita la seguridad económica. La falta de estabilidad institucional desincentiva la inversión, bloquea el comercio y destruye mercados locales. Según datos del Banco Mundial, más del 60 % de la población vive bajo el umbral de la pobreza, y la inseguridad alimentaria afecta a casi la mitad de los hogares haitianos. El colapso del aparato estatal impide desarrollar políticas públicas sostenidas que reduzcan la vulnerabilidad estructural.
En términos de seguridad en la salud, la debilidad institucional se traduce en la incapacidad de mantener un sistema sanitario básico. Hospitales sin recursos, falta de medicamentos y ataques a infraestructuras de salud son parte del día a día. La epidemia de cólera que reapareció en 2022 ilustra cómo la inseguridad política genera condiciones para que emergencias sanitarias se conviertan en crisis nacionales.
La dimensión comunitaria y cultural también se ve afectada. El desarraigo de comunidades enteras, desplazadas internamente por la violencia armada, fragmenta redes sociales y multiplica la desconfianza. La inseguridad política destruye el tejido social, debilitando los mecanismos tradicionales de mediación y resolución de conflictos.
La inseguridad ambiental, por su parte, se intensifica al no existir instituciones capaces de gestionar el riesgo ante fenómenos naturales. Haití es uno de los países más vulnerables del mundo a huracanes y terremotos, pero el colapso institucional impide implementar planes efectivos de prevención, respuesta y reconstrucción. El resultado es que cada desastre natural se transforma en catástrofe humanitaria.
En este contexto, la inseguridad política no puede ser vista como un pilar aislado. Es la condición estructural que multiplica la vulnerabilidad en los otros seis pilares de la seguridad humana. Sin instituciones legítimas y efectivas, no hay acceso garantizado a la alimentación, a la salud, a la protección frente a la violencia ni a un medio ambiente seguro.
La respuesta internacional ha intentado llenar este vacío, con resultados limitados. Intervenciones de Naciones Unidas como MINUSTAH o la más reciente misión de apoyo multinacional han mostrado la dificultad de estabilizar un país donde el Estado carece de legitimidad social y de capacidad operativa. La acción internacional, si no se acompaña de procesos de construcción institucional y participación comunitaria, corre el riesgo de reproducir la dependencia y no resolver las causas profundas de la inseguridad política.
El camino hacia la seguridad humana en Haití pasa necesariamente por la reconstrucción del pilar político: elecciones legítimas, fortalecimiento del Estado de derecho, combate a la corrupción y restitución de la capacidad de las instituciones para garantizar derechos básicos. Esto exige no solo voluntad interna, sino un acompañamiento internacional que respete la soberanía haitiana y apoye a la sociedad civil como actor central.
Conclusión
Haití demuestra cómo la inseguridad política, cuando alcanza niveles de colapso estatal, se convierte en un multiplicador de todas las demás inseguridades humanas. El país es hoy un recordatorio de que la seguridad nacional entendida como mera estabilidad territorial es insuficiente: sin instituciones legítimas y efectivas, la seguridad de las personas desaparece. Reconstruir el pilar político de la seguridad humana en Haití no es solo una necesidad local, sino una tarea global, porque lo que está en juego es la capacidad de la comunidad internacional de garantizar que la protección de las personas prevalezca incluso en los contextos más frágiles.