Dos crisis paralelas —la guerra en Gaza y el conflicto en Sudán— exponen los límites del orden internacional y la incapacidad colectiva para proteger a las personas más allá de la retórica. Ambas tragedias condensan lo que significa la inseguridad humana en su expresión más cruda: hambre, desplazamiento, violencia extrema y pérdida de dignidad. Sin embargo, mientras la atención global se dispersa entre cálculos geopolíticos, millones de vidas quedan atrapadas en un limbo de indiferencia.
La seguridad humana fue concebida como un paradigma que colocara a las personas en el centro de la agenda global. Su propósito era romper con la visión estrecha de la seguridad nacional y reconocer que la verdadera protección radica en garantizar la vida, la dignidad y los derechos básicos de las poblaciones. Gaza y Sudán son dos ejemplos donde esa promesa se desvanece frente a la ceguera internacional.
En Gaza, tras meses de ofensiva militar, la población civil vive en condiciones de asfixia absoluta. La destrucción masiva de infraestructuras, el colapso sanitario y la escasez de alimentos han convertido a este territorio en un espacio inhabitable. La seguridad personal ha desaparecido bajo los bombardeos; la seguridad alimentaria se ha desmoronado con el bloqueo y la falta de acceso a bienes básicos; la seguridad en salud se reduce a improvisados hospitales de campaña donde médicos trabajan sin medicinas ni electricidad. La comunidad internacional, paralizada por vetos cruzados y cálculos estratégicos, ha sido incapaz de garantizar un alto el fuego duradero o de imponer corredores humanitarios efectivos.
En Sudán, la guerra entre facciones militares ha desencadenado una de las mayores crisis de desplazamiento del planeta. Millones de personas han sido obligadas a abandonar sus hogares, enfrentando hambre y violencia en su huida. Las ciudades se han convertido en campos de batalla, los mercados en objetivos militares, y la vida cotidiana en un ejercicio de supervivencia. La inseguridad comunitaria se agrava cuando comunidades enteras son forzadas a dividirse por líneas étnicas o políticas, y cuando las instituciones estatales colapsan incapaces de proteger a la ciudadanía. La seguridad política es una quimera: las promesas de transición democrática quedaron aplastadas bajo el peso de los fusiles.
Ambos casos ilustran con crudeza la distancia entre el discurso internacional y la práctica real. Naciones Unidas ha reiterado su compromiso con la libertad frente al miedo y la necesidad, pero en la práctica se enfrenta a bloqueos en el Consejo de Seguridad, falta de financiación y la dependencia de la voluntad de Estados que priorizan sus propios intereses estratégicos. Gaza se convierte en tablero de poder para actores regionales y globales; Sudán en un conflicto relegado, eclipsado por guerras más visibles para los titulares occidentales. La ceguera internacional no es ausencia de información, sino incapacidad —o falta de voluntad— de actuar cuando los costes políticos o económicos son elevados.
Desde la óptica de la seguridad humana, la catástrofe en Gaza y Sudán no puede entenderse solo como un problema humanitario, sino como un fracaso estructural. El hambre, el desplazamiento y la represión no son daños colaterales, sino manifestaciones directas de un sistema internacional que sigue privilegiando la soberanía de los Estados y la competencia geopolítica por encima de la vida de las personas. La seguridad se mide en armas, alianzas militares y estrategias regionales, mientras se ignoran las voces de quienes claman por agua, alimentos, medicinas y refugio.
La violencia, en ambos escenarios, se reproduce porque las raíces de la inseguridad permanecen intactas. En Gaza, décadas de bloqueo y ocupación han generado un ciclo de desesperanza que estalla periódicamente en confrontación. En Sudán, la ausencia de un contrato social legítimo, la militarización del poder y la marginación de comunidades enteras incubaron un conflicto que ahora devora al país. Mientras no se atiendan las dimensiones socioeconómicas, comunitarias y políticas de la inseguridad, cualquier alto el fuego será apenas una pausa antes del siguiente colapso.
La respuesta humanitaria, aunque vital, se encuentra desbordada. En Gaza, agencias y ONG intentan sostener lo insostenible, con convoyes bloqueados y personal atacado. En Sudán, la inseguridad en las rutas y la falta de financiamiento internacional impiden que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan. La fatiga del donante y la proliferación de crisis simultáneas en el mundo hacen que la solidaridad internacional se fragmente, condenando a millones a una lenta agonía de olvido.
Pero incluso en medio de la oscuridad, emergen signos de resiliencia. En Gaza, comunidades organizan cocinas colectivas, médicos voluntarios arriesgan sus vidas y familias comparten lo poco que tienen. En Sudán, redes locales de mujeres lideran iniciativas de protección y provisión de alimentos, demostrando que la seguridad humana también se construye desde abajo, con solidaridad y resistencia frente al colapso. Estas experiencias, sin embargo, no pueden sustituir la responsabilidad de los Estados ni de las instituciones internacionales: la resiliencia de la población no debe convertirse en excusa para la inacción global.
El contraste entre la magnitud de la catástrofe y la tibieza de la respuesta internacional plantea una pregunta incómoda: ¿qué vidas cuentan más en el sistema internacional? Mientras Europa destina miles de millones al rearme, las operaciones de ayuda en Gaza y Sudán mendigan fondos para sostener servicios básicos. Mientras el Consejo de Seguridad se enreda en vetos cruzados, millones de personas pierden la libertad de vivir sin miedo ni necesidad.
Replantear la seguridad desde la óptica humana exige cambiar prioridades. Gaza y Sudán no son problemas periféricos ni tragedias lejanas: son pruebas de fuego para la credibilidad del sistema internacional. Si el mundo no es capaz de proteger la vida en estos escenarios, ¿qué legitimidad tienen entonces los discursos sobre derechos humanos, paz y desarrollo sostenible? La seguridad humana no puede seguir siendo una consigna abstracta, debe convertirse en criterio central de acción, en el parámetro que mida la eficacia de gobiernos, organizaciones y alianzas.
La alternativa no es sencilla, pero es necesaria. Implica priorizar la protección de civiles en todas las negociaciones de paz, garantizar corredores humanitarios sin condiciones políticas, invertir en reconstrucción socioeconómica a largo plazo y reconocer el papel de la sociedad civil como actor central. Implica también confrontar a los Estados y actores armados que convierten el hambre y el miedo en armas de guerra.
Gaza y Sudán nos interpelan porque muestran con brutal claridad la distancia entre la retórica de la seguridad nacional y la realidad de la seguridad humana. Allí donde la comunidad internacional mira hacia otro lado, la dignidad humana se erosiona, la esperanza se apaga y la desconfianza en el sistema multilateral se profundiza. La verdadera ceguera no es no ver lo que ocurre, sino elegir no mirar.