La Amazonía, considerada el “pulmón del planeta”, atraviesa una crisis sin precedentes. La expansión de la deforestación, la minería ilegal y las actividades extractivas no reguladas ponen en riesgo no solo la biodiversidad y el equilibrio climático global, sino también la vida cotidiana de millones de personas que habitan la región. Analizar el caso desde la seguridad humana permite visibilizar cómo la degradación ambiental y la explotación de recursos generan inseguridad económica, sanitaria, comunitaria y política, con repercusiones que trascienden las fronteras sudamericanas.
La Amazonía cubre más de 7 millones de kilómetros cuadrados repartidos entre nueve países sudamericanos, con Brasil, Perú, Colombia y Bolivia como principales territorios amazónicos. Se estima que en la región viven más de 34 millones de personas, de las cuales aproximadamente 400 pueblos indígenas dependen directamente de la selva para su subsistencia cultural y material.
La seguridad ambiental es el pilar más evidentemente amenazado. Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE), entre 2020 y 2023 se deforestaron anualmente más de 10.000 km² en la Amazonía brasileña. Este ritmo sitúa al bioma en riesgo de alcanzar un “punto de no retorno”, donde grandes extensiones de selva se transformen en sabana, alterando el régimen de lluvias en toda Sudamérica y afectando la seguridad hídrica de países como Brasil, Argentina y Paraguay. El cambio climático amplifica estos riesgos: olas de calor, sequías extremas y megaincendios comprometen los sistemas naturales que sostienen la vida.
La seguridad económica se ve igualmente afectada. La expansión de la minería ilegal, especialmente de oro, ha generado ingresos rápidos pero volátiles que destruyen ríos y suelos. Las comunidades locales reciben pocos beneficios de las concesiones extractivas legales, mientras asumen los costos sociales y ambientales. La desigual distribución de recursos alimenta la pobreza y la desigualdad estructural: mientras grandes corporaciones obtienen ganancias, las poblaciones rurales experimentan pérdida de tierras y medios de vida tradicionales.
En el plano de la salud, el impacto del extractivismo es devastador. El mercurio utilizado en la minería ilegal contamina ríos y peces, fuente principal de proteínas para comunidades indígenas y ribereñas. Estudios de la Fundación Oswaldo Cruz en Brasil han detectado niveles de mercurio en poblaciones amazónicas muy por encima de lo recomendado por la OMS. Además, la deforestación y la fragmentación del ecosistema aumentan el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas, lo que coloca a la región en el centro de la discusión sobre pandemias emergentes.
La inseguridad personal y comunitaria se intensifica con la violencia vinculada a economías ilegales. Defensores ambientales, líderes comunitarios e indígenas son objeto de amenazas, persecuciones e incluso asesinatos. Organizaciones como Global Witness han documentado que América Latina, y particularmente la Amazonía, es la región más peligrosa del mundo para quienes defienden el medio ambiente. La presencia de grupos armados vinculados al narcotráfico y la minería ilegal genera dinámicas de control territorial que sustituyen al Estado y restringen las libertades de las comunidades locales.
La seguridad política se ve comprometida por la falta de presencia estatal efectiva y la debilidad institucional. En muchas áreas amazónicas, los Estados carecen de capacidad para implementar políticas de protección ambiental, garantizar derechos o controlar actividades ilegales. Esto erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y abre la puerta a la corrupción. A nivel internacional, los países amazónicos mantienen tensiones sobre cómo equilibrar soberanía nacional con cooperación global para proteger un ecosistema de importancia planetaria.
Frente a este panorama, emergen iniciativas de resiliencia que muestran alternativas. Programas como el Fondo Amazonía en Brasil, financiado por cooperación internacional pero gestionado por instituciones nacionales, han apoyado proyectos comunitarios de uso sostenible de la selva, combinando generación de ingresos con conservación. En Colombia, proyectos de guardias indígenas fortalecen la seguridad comunitaria mediante la protección territorial y la recuperación de prácticas ancestrales. En Perú, cooperativas de cacao y café con certificación sostenible han demostrado que es posible generar ingresos sin expandir la frontera agrícola.
Estas experiencias muestran que la seguridad humana en la Amazonía no depende solo de políticas nacionales o acuerdos internacionales, sino también de la capacidad de las comunidades para construir resiliencia desde lo local. Reconocer y fortalecer estas prácticas es clave para evitar que la región cruce el umbral ecológico del colapso.
Conclusión
La Amazonía es hoy un caso paradigmático de cómo la inseguridad ambiental se traduce en inseguridad económica, sanitaria, personal y política. La deforestación y el extractivismo descontrolado amenazan no solo a quienes viven en la región, sino al equilibrio climático global. Frente a ello, la seguridad humana exige un giro de enfoque: no basta con proteger la selva como patrimonio natural, es necesario garantizar que las comunidades amazónicas puedan vivir con dignidad, libres de miedo y necesidad. La preservación de la Amazonía es inseparable de la preservación de la vida humana.